En una nota
publicada en el portal El Nuevo Punto de Equilibrio, titulada "Nuevo tabú:
el billete de máxima denominación", Ezequiel Fanelli revela que, con el
billete de $100, Argentina tiene el peor poder de compra de dólares de las
economías capitalistas de América. El autor remarca “la menor capacidad de
compra real de los billetes disponibles en la red de cajeros de todo el sistema
bancario argentino, con las complicaciones que eso trae aparejadas".
En agosto de 2011, Carlos Reutemann,
había presentado un proyecto en el Congreso, señalando la necesidad de que se
impriman billetes de $500. “El de $100 resulta una expresión de valor demasiado
pequeña frente a las necesidades transaccionales”, sostenía el ex gobernador de
Santa Fe. Y agregaba que “los billetes de mayor denominación permitirían que
los cajeros no se queden sin efectivo los fines de semana, porque los cajeros
tienen una capacidad física limitada, por lo que con billetes de mayor
denominación habría más dinero en el mismo espacio físico, permitiendo una
mayor cantidad de extracciones máximas por cajero". También decía que
"se podría abastecer la demanda de efectivo con menor necesidad física de
impresión y disminuyendo los costos para ello”.
Evidentemente, la comodidad, un mayor
aprovechamiento de los cajeros automáticos y un supuesto menor costo de
impresión no son factores de peso suficiente para activar la decisión de emisión
de billetes de mayor denominación. El Gobierno tampoco se hace eco de los que
creen que el mantenimiento del billete de 100 representa un acto de tozudez
para no sincerar los aumentos de precios.
Quienes pretenden ocultar ganancias deben
soportar crecientes costos de transacción que, como en el caso de Guido, deben
ser asumidos por los propios dueños los negocios. Hoy existen medios de pago de
uso extendido, como tarjetas, cheques y transferencias, que implican un mejor registro
de las transacciones, son más cómodos y seguros. La bancarización, además, permite
contar con información mucho más precisa sobre el funcionamiento de los mercados,
aumentar la eficiencia recaudatoria y disminuir los riesgos de asaltos.
En efecto, la informatización de las
operaciones facilita el diseño de una política económica más sofisticada y
efectiva para poder redistribuir mejor el ingreso y estimular al desarrollo
productivo. La tarjeta SUBE o la devolución de IVA con pagos realizados con
tarjetas de débito son incipientes instrumentos que podrán permitir el diseño
de políticas que promuevan una más equitativa distribución del ingreso. No es
casualidad que, en las economías más desarrolladas tecnológicamente y más
equitativas, como las de los países nórdicos de Europa, el uso del efectivo
esté en extinción.
En Estados Unidos tampoco se emitieron
billetes de mayor denominación, a pesar de que con un billete de Benjamin Franklin sólo se puede comprar en ese país un 13% de lo que se compraba hace
50 años.
Las complicaciones operativas que puedan
surgir en algunos casos no son graves; en cambio, la emisión del billete de $500
facilita la evasión fiscal y podría tener efectos adversos sobre mayores
expectativas inflacionarias.
Por otra parte, es discutible que la no
emisión de billetes de mayor denominación tenga aparejada dificultades
transaccionales. El mantenimiento del máximo actual de $100 reduce los
problemas de entregar cambio, dado que, con el aumento de los precios, crece la
tendencia al redondeo y no se requiere tanta moneda de denominación intermedia
para vueltos. Al respecto, cabe advertir que el ticket promedio en
supermercados a nivel nacional, hasta septiembre pasado, era de $144, según un
informe de la consultora Nielsen, con lo cual el billete de $100 se ajusta a
las necesidades de las operaciones más frecuentes. Para compras de mayor
magnitud, crece el uso de tarjetas, cheques y transferencias. Desde noviembre
de 2010, estas últimas son inmediatas y gratuitas hasta $10.000 y tienen costos
muy bajos para montos superiores (hasta $110.000 cuestan sólo $5). El cheque
cancelatorio, por su parte, también es gratuito y no está gravado por el
impuesto al cheque cuando, como aclara el portal www.clientebancario.gov.ar del BCRA, “una persona cobra en
efectivo en la ventanilla y acto seguido deposita el efectivo en su caja de
ahorro”.
A su vez, la no emisión de billetes de
mayor denominación tiene otros efectos: complica la inyección de billetes
falsificados al mercado, tanto porque promueve una tendencia a la bancarización
como porque no pueden ser entregados en vueltos; los extravíos de grandes sumas
son más dificultosos (por los volúmenes físicos involucrados) y el deterioro
y/o pérdida de billetes es un problema menor.
Tampoco parece claro que la impresión de
billetes de mayor denominación implique un ahorro fiscal. La tendencia al mayor
uso por parte de los consumidores de medios electrónicos para no cargar con
tantos billetes achica los volúmenes necesarios de impresión. En su defecto, el
beneficio fiscal potencial por la promoción de la bancarización en el mediano y
largo plazo es tan alto que no debe ser aceptable esa discusión.
Más allá de las necesidades de
infraestructura tecnológica que tienen que sustentar esta política y de que se
requiera un debate sobre los aranceles que cobran las tarjetas por su uso, un tema crítico para cualquier país en vías de desarrollo es el de
cómo hacer más eficiente su sistema recaudatorio y mejorar la capacidad de
gestión. En ese sentido, ceder a la presión de ciertos sectores de la opinión
pública y emitir el billete de $500 sería, cuanto menos, torpe. Realizar
grandes operaciones en efectivo será cada vez más absurdo y quedarán relegadas
a espacios de marginalidad que busquen evadir el pago de impuestos.
Pese a la demanda creciente por el billete de 500 y a la antipatía que genera en quienes se resisten a operar con medios electrónicos, esta administración expresa un nuevo matiz de una política económica que antepone el interés colectivo sobre el de particulares.
Pese a la demanda creciente por el billete de 500 y a la antipatía que genera en quienes se resisten a operar con medios electrónicos, esta administración expresa un nuevo matiz de una política económica que antepone el interés colectivo sobre el de particulares.